Por otra parte, las personas convictas por delitos bajo la nueva Ley podrán ser consideradas por la Junta de Libertad Bajo Palabra para otorgarle este beneficio al cumplir el seventy five% de la pena impuesta, igual que ocurre en la actualidad para la inmensa mayoría de los delitos tipificados en el Código Penal y otras leyes especiales.

Luego de una determinación de causa probable para el arresto de cualquier persona que posea una licencia de armas por la comisión de uno o más delitos graves o sus tentativas, el tribunal, ordenará la suspensión provisional e incautación de la licencia hasta una determinación remaining y firme en el proceso criminal.  El Tribunal ordenará la ocupación inmediata de todas las armas de fuego y /o municiones de la persona con licencia de armas, las cuales se consignarán en el depósito de armas y municiones del Negociado de la Policía de Puerto Rico.  El Negociado de la Policía de Puerto Rico tendrá setenta y dos (72) horas para consignar para la custodia todas las armas de fuego y/o municiones de la persona con licencia de armas en el Depósito de Armas y Municiones del Negociado de la Policía. De resultar el acusado con una determinación de no culpabilidad, o no causa, según corresponda, en cualquier etapa del proceso legal y el ministerio público ha agotado todos los remedios reconocidos en las Reglas de Procedimiento Criminal, salvo que exista una orden de protección en su contra por violencia de género, acecho o maltrato en cualquiera de sus vertientes, el juez vendrá obligado ministerialmente por esta Ley a ordenar la inmediata devolución de la licencia de armas y de todas las armas de fuego y municiones. Toda arma de fuego y munición devuelta deberá entregarse en la misma condición en que se ocuparon.

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Será requisito para solicitar o renovar una licencia de armas, el adiestrarse sobre el uso y manejo de armas de fuego. Este requisito aplicará también a los procesos expeditos establecidos en el Artículo 2.14 de esta Ley sobre la otorgación de licencia de armas y autorización para portar armas para víctimas de violencia doméstica y acecho.  El Negociado de la Policía de Puerto Rico certificará y cualificará a las personas que ofrecerán los cursos de uso y manejo de armas. El Negociado de la Policía de Puerto Rico reconocerá las certificaciones de instructor emitidas por instituciones privadas, locales y nacionales que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por el Comisionado mediante reglamento. La persona certificada por el Negociado de la Policía de Puerto Rico para ofrecer los cursos emitirá un Certificado de Uso y Manejo.

(10) La solicitud para la expedición de una licencia de armas deberá ser cumplimentada bajo juramento ante notario, atestando la veracidad de su contenido y que cumple con todos los requisitos dispuestos en esta Ley aplicable.

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El Comisionado establecerá mediante reglamentación todo lo relacionado al recibo, custodia y disposición de armas que sean ocupadas o depositadas voluntariamente en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, por personas con licencia de armas; o que fueren entregadas a la muerte de la persona con licencia de armas, por no existir una sucesión, o de estos no interesarlas. Se autoriza al Comisionado, a vender, permutar, donar o ceder las armas a agencias del orden público, según se disponga por reglamento. El Comisionado, podrá vender las armas mediante subasta pública o directamente a armeros, según disponga mediante reglamento. Las armas de fuego y los instrumentos ocupados de acuerdo a esta Ley, quedarán bajo la custodia del Comisionado, en el Depósito de Armas y Municiones del Negociado de la Policía, y de haber sido depositadas voluntariamente en el Negociado de la Policía, por personas con licencia de armas; o fueren entregadas a la muerte de una persona con licencia de armas bajo las disposiciones de esta Ley, estas no podrán venderse, permutarse, donarse, cederse o destruirse si no han transcurrido al menos dos (two) años desde la fecha en que fueron depositadas en el Depósito de Armas y Municiones del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Ambos casos reconocieron el derecho essential de los ciudadanos respetuosos de la ley de poseer y portar armas de fuego para su defensa. Sin embargo, dicho derecho es limitado, ya que el Estado puede regularlo, incluyendo el tipo de armas y los lugares donde se pueden portar las armas.

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